Sigue polémica por finiquito electrónico: diputados y abogados piden a Contraloría pronunciarse por alcances

La polémica por la implementación del finiquito electrónico por parte de la Dirección del Trabajo (DT) no se detiene.

Y pese a que hace unos días el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, defendió su implementación, señalando que es parte del proceso de modernización y digitalización del Estado que inició en mayo de 2019, el tema sigue inquietando a abogados y parlamentarios.

Por ello, la Asociación de Abogados Laboralistas (AGAL) junto a los diputados Camila Vallejo (PC), Alexis Sepúlveda (PR), Luis Rocafull (PS), Raúl Soto (Independiente), Claudia Mix (Partido Comunes), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Juan Santana (PS) Giorgio Jackson (RD), Daniel Verdessi (DC), Rodrigo González (PPD) y Amaro Labra (PC), solicitaron al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, que solicite un informe a la Dirección del Trabajo, respecto a los actos administrativos que se han llevado a cabo sobre el uso de un finiquito de trabajo, mediante firma electrónica y utilización de clave única, además del manual para su uso.

En el escrito, además, solicitan que Contraloría se pronuncie respecto a la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos "que han intervenido en tales acciones, tanto en cuanto, a nuestra interpretación, existe una apropiación de facultades legislativas y vulneración grave de las disposiciones legales que rigen en la materia, al adoptar de motu proprio, por la Dirección del Trabajo".

En el documento, los abogados y parlamentarios sostienen que la actuación del servicio en esta materia ha sido "ilegal, arbitraria, contraria a derecho, e inconstitucional, entendiendo que dicho órgano debe abstenerse de autorizar por esa vía finiquitos, renuncias o términos de contrato por mutuo acuerdo y que, en cambio, se atenga estrictamente a los procedimientos expresamente autorizados por el ordenamiento jurídico".

Este es el segundo escrito de este tipo que ingresa a Contraloría, ya que los parlamentarios ya habían ingresado uno previamente pidiendo declarar ilegal la implementación del finiquito electrónico.

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